La Política de Protesta en Argentina

La Política de Protesta en Argentina

publicidad



La vida política en Argentina se caracteriza por una cultura particularmente activa de protesta social. Este es un elemento clave para comprender la dinámica política a lo largo del siglo XXI.

La serie openMovements invita a los principales científicos sociales a compartir sus resultados de investigación y perspectivas sobre las luchas sociales contemporáneas.

La evolución de Argentina en los últimos años destaca la disputa por el territorio entre fuerzas sociales opuestas. Hay tres etapas en esta disputa que describen ampliamente los cambios del péndulo político del país.

La primera etapa corresponde al período marcado por la crisis de 2001: expresa el colapso de la hegemonía neoliberal de los años noventa. Incluye la renuncia del presidente Fernando De la Rúa (1999-2000, Radical Civic Union-Alliance) en diciembre de ese año y se extiende hasta 2003, cuando un nuevo gobierno electo se hace cargo.

La segunda etapa corresponde al ciclo de los gobiernos del Partido de la Justicia (PJ) y del Frente por la Victoria (FPV), que comienza con la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y luego la de Cristina Fernández de Kirchner ( 2007-2015).

Este es el ciclo durante el cual se intenta establecer una relación crítica con el legado neoliberal a través de la promoción de un modelo socioeconómico más estrechamente relacionado con el mercado local y con un mayor papel del Estado en el funcionamiento de la economía y en la gestión de las protecciones sociales.

Finalmente, la última etapa comienza con la inauguración de Mauricio Macri (Propuesta republicana: Cambiemos) en 2015 que, en honor al nombre de la coalición electoral, lleva a cabo políticas que contrastan con el ciclo anterior y reanuda la agenda de reforma neoliberal.

Multitudes desobedientes
En Argentina, el siglo XXI comenzó, en términos históricos, con la llamada crisis de 2001. El mecanismo de la crisis que llevó al colapso de la hegemonía neoliberal no puede reducirse a solo sus componentes económicos; También se debe tener en cuenta la imposibilidad de pagar una deuda externa en crecimiento, la resistencia multifacética a los planes de ajuste y sus consecuencias sociales.

Hubo huelgas, movilizaciones y una creciente ola de saqueos en las tiendas, y la protesta llegó a su punto más alto el 19 y 20 de diciembre. El Presidente declaró el estado de sitio la noche del 19 para tratar de contener la acción colectiva. Lejos de su resultado esperado, hubo una repentina oleada de desobediencia civil generalizada.

El desafío al movimiento presidencial fue un reclamo por su renuncia: “Vamos a echarlos a todos, no dejemos uno solo allí” se convirtió en el eslogan de las movilizaciones.

Su epicentro fue las capas medias de la población, la base social original del gobierno: en varios barrios de Buenos Aires, la respuesta al discurso del presidente que anunciaba el estado de sitio fue un golpe masivo de ollas y sartenes y manifestaciones espontáneas que se extendieron rápidamente. por toda la ciudad.

El desafío al movimiento presidencial fue un reclamo por su renuncia: “Vamos a echarlos a todos, no dejemos uno solo allí” se convirtió en el eslogan de las movilizaciones. El 20 de diciembre, las movilizaciones continuaron, aunque esta vez fueron invocadas por organizaciones sociales y políticas. La acción policial violenta para despejar los alrededores de los edificios gubernamentales, provocó intensos enfrentamientos con los manifestantes.
Al final, el Presidente se vio obligado a renunciar debido a la falta de apoyo y legitimidad para continuar en el cargo. El PJ, el principal partido de la oposición, impuso los términos de la sucesión. Después de una sucesión caótica de varios presidentes provisionales, Eduardo Duhalde, senador de la República Popular China y ex candidato presidencial que había sido derrotado por De La Rúa en 1999, asumió la presidencia.

Esta frustración continuó durante varios meses. Una tendencia de autonomía en las calles podría notarse entre diferentes grupos sociales. Las asambleas vecinales buscaron extender la indignación ciudadana hacia el cambio social.

Los trabajadores desempleados tomaron colectivamente las empresas para las que solían trabajar antes de la crisis, y el movimiento de piquetes que surgió a fines de la década de 1990 se fortaleció y amplió su capacidad de movilización. Este fue un momento en que el espacio público se convirtió en el escenario de las asambleas y la acción directa. También fue el momento de experimentar y buscar formas alternativas de producción y cultura.
La protesta planteó un serio desafío al gobierno provisional. Una de las formas en que el gobierno respondió fue mediante el uso de la represión.

El asesinato de dos militantes en una protesta en piquete el 26 de junio de 2002 desató una ola de indignación y protesta que provocó un cambio en la estrategia del gobierno: convocó a elecciones como una salida a la crisis de legitimidad. El presidente Kirchner estaría consagrado en el gobierno durante estas elecciones.

La resistencia a los procesos de expropiación y exclusión, y las acciones que desafían el orden político existente, restringieron severamente la viabilidad de las políticas gubernamentales y crearon el escenario que condujo a la caída de De la Rúa.

A pesar de que otros actores políticos y movimientos políticos jugaron un papel clave en su caída y en el inicio de una transición política, la forma en que sucedió no puede explicarse sin la presencia de una acción colectiva en las calles, una acción que tiene más que ver con el despido. más que establecer: expresó un poder de veto en lugar de la capacidad de construir una alternativa política.

Sin embargo, estos eventos en tiempos de crisis dejaron una huella profunda: el legado de una nueva cultura de batalla con una fuerte tendencia a la acción directa y la desobediencia a la autoridad, que podría activarse y recrearse en el futuro.

Pero, sobre todo, dejaron la idea de que el humo de la política en las calles siempre puede volver latente en la memoria colectiva de los ciudadanos. La acción colectiva se estableció así como una amenaza de despido para el futuro.

Movilizaciones desde “arriba”
El ciclo político de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner está marcado por la impronta de las tendencias prevalecientes del período anterior, y pertenece a la amplia gama de experiencias de los gobiernos progresistas de América Latina.

El origen del gobierno de Néstor Kirchner estuvo marcado por la crisis general de 2001. Aunque no representaba a los grupos que se habían movilizado durante la crisis, trató de recomponer el orden social del país al retomar selectivamente los reclamos de las luchas sociales del anterior. período, y proponiendo una agenda reformista.

Al hacerlo, la política recuperó cierto espacio y cierto grado de autonomía en relación con el poder económico. Políticamente, promovió la apertura y el reconocimiento de los actores movilizados y trabajó activamente para satisfacer sus demandas. Esta es la razón por la cual el movimiento sindical, el movimiento de derechos humanos y otras organizaciones sociales brindaron al gobierno un apoyo significativo durante todo el ciclo.

A medida que se desarrollaba el ciclo, la movilización en las calles no solo se originaría desde “abajo”, es decir, desde los sectores populares, sino también desde “arriba”, los sectores más ricos de la población.

A medida que se desarrollaba el ciclo, la movilización en las calles no solo se originaría desde “abajo”, es decir, desde los sectores populares, sino también desde “arriba”, los sectores más ricos de la población. La regresión política e institucional de las clases dominantes llevó al surgimiento de procesos de movilización para defender sus intereses.

Estos intereses se manifestaron claramente por primera vez en 2008 en el llamado “conflicto de agricultores”. Este conflicto logró politizar, movilizar y polarizar a la sociedad como ninguna otra en este ciclo.

En marzo de ese año, el recientemente elegido gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, destinado a resolver un problema fiscal en proceso, elevó la tasa de retención de impuestos sobre la exportación de varios granos, especialmente la soja, y vinculó su fluctuación a los precios internacionales.

Las principales entidades corporativas de agronegocios se unieron en contra de esta medida, reclamaron su derogación, convocaron a sus afiliados para que se abstuvieran de comercializar granos y carne, y establecieron bloqueos de carreteras para garantizar la efectividad de esta decisión.

Así, se creó un movimiento social que, al igual que los desarrollados por los sectores populares, se centró en la movilización, la acción directa y la práctica de la asamblea. Sin embargo, el conflicto superó a los sectores agrarios y la movilización se extendió para abarcar la oposición social y política al gobierno, especialmente por los sectores que se sentían insatisfechos con sus medidas reformistas.

En un país urbano como Argentina, el conflicto involucró y alineó a la población en su conjunto, paralizó el país y agotó los suministros a los principales centros urbanos.

El gobierno finalmente solicitó la aprobación parlamentaria de la retención fiscal, pero fue rechazada en el Senado. Un año después, en las elecciones generales, el apoyo al gobierno disminuyó notablemente y perdió su mayoría parlamentaria.

El segundo gran momento de las movilizaciones desde arriba es el ciclo de estallar en 2012 después de la abrumadora reelección de Cristina Fernández de Kirchner con más del 54% de los votos populares del año anterior. Estas protestas alcanzaron su máxima expresión el 13 de septiembre y el 8 de noviembre de 2012 y el 18 de abril de 2013.

A diferencia del conflicto de los agricultores, no había ningún problema específico para ellos, aparte de la ira y la oposición al gobierno. A diferencia del estallido de 2001, su base social no era propia del gobierno; por el contrario, aunque eran masivos, no lograron trascender el núcleo de la oposición social al gobierno y los estratos medio-altos de la población.

El impacto principal de estas masas indignadas fue mantener la oposición social al gobierno movilizada y debilitar su triunfo electoral, lo que obstaculiza la posibilidad de que se consolide un proceso hegemónico contra una oposición política débil.

Las movilizaciones desde arriba cumplían una función de oposición social. Alcanzaron un pico durante dos años no electorales en los que la oposición política fue particularmente débil, en 2008 y 2012.

En 2015, el calendario movió el eje de la oposición social a la política, y el ciclo llegó a su fin con las elecciones de ese año que fueron ganadas en un escurrimiento estrecho por Mauricio Macri, quien representó el exponente político más antagónico del proyecto Kirchner.

La resistencia popular a la reestructuración neoliberal.
Desde el principio, el gobierno de Macri ha buscado implementar una reestructuración del capitalismo argentino en un sentido neoliberal económica y políticamente en términos de disciplina social: un marco para desarrollar una política represiva creciente de los sectores populares.

Uno de los obstáculos más importantes para este programa de reestructuración es la protesta social. El movimiento sindical, los movimientos de la economía popular, las organizaciones de derechos humanos, el movimiento renovado de mujeres, son los componentes principales del amplio paraguas de la resistencia a las reformas sociopolíticas impulsadas por el gobierno.

Una serie de protestas sociales en diciembre de 2017 muestran claramente, una vez más, su papel político. Después de su victoria en las elecciones legislativas de mediano plazo en octubre, el gobierno redobló su compromiso con la contrarreforma, con el empleo, la seguridad social y los impuestos como su núcleo.

La reforma de las pensiones, que consistió en cambiar la tasa de aumento de las pensiones, es decir, reducirlas, constituyó el eje de la resistencia. El día en que se debatió la reforma en el Congreso, se reprimió ferozmente una movilización masiva de sindicatos y organizaciones sociales fuera del Congreso.

Pero la mayoría de los manifestantes lograron reorganizarse y reingresaron a la plaza. Al final, la sesión fue aplazada como exigía la oposición.

Unos días después, una amplia oposición social a la reforma se manifestó nuevamente en otra movilización masiva antes de una nueva sesión en el Congreso, incluida una huelga general. La manifestación se convirtió rápidamente en una confrontación entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que atacaron las columnas de la policía con palos y piedras.

La represión no frenó la indignación y, al anochecer, Buenos Aires y otras ciudades se vieron sacudidas por el estallido de la cacerola contra la reforma de las pensiones del gobierno.

Los manifestantes intentaron permanecer en la plaza a pesar de la represión hasta que, finalmente, la intensidad de la acción policial logró despejar el área. Posteriormente, las fuerzas de seguridad fueron en busca de manifestantes en el centro de la ciudad y desplegaron una violencia inusual, del tipo que no se había visto desde diciembre de 2001.

Pero la represión no frenó la indignación y, al caer la noche, Buenos Aires y otras ciudades se vieron sacudidas por el estallido de la cacerola contra la reforma de las pensiones del gobierno.

Finalmente, se aprobó el proyecto con algunos cambios menores. La reforma siguió adelante, pero no sin costos, incluso entre los votantes de Macri. También dañó el principio de acuerdo existente entre el gobierno y la dirección del principal sindicato del país con respecto a la reforma laboral, lo que ha obligado al gobierno a retirar la propuesta de ser debatida por el momento.

El resultado del conflicto muestra que la protesta social, en condiciones de debilidad de la oposición política, es clave para canalizar el malestar social. Ha creado obstáculos y forzado algunos cambios paliativos a las reformas planificadas por el gobierno, pero no ha podido detener la tendencia general del cambio social.

Las imágenes de barricadas humeantes en el centro de la ciudad de Buenos Aires y de los ciudadanos que protestan con ollas y sartenes en los vecindarios, recuerdan vívidamente algunas de las postales de 2001: muestran la validez de la protesta como vehículo político de los ciudadanos en Argentina hoy en día, y también Dificultades para contenerlo a través de la represión.

Pensamientos finales
En la Argentina, en los últimos años, la protesta social se ha convertido en un mecanismo político informal que complementa las instituciones clásicas de la democracia representativa, por expresar demandas al sistema político institucional.

Uno de sus impactos centrales en términos políticos es negativo debido a su función principal es la obstrucción de las acciones del gobierno. Dada la debilidad de los partidos políticos, particularmente los de la oposición, la protesta aparece como una forma privilegiada de oposición social en varias etapas.

Esto implica que los ciclos de protesta masiva obtienen su fuerza de sectores sociales que no son los que apoyan las alianzas gubernamentales. En 2001, su carácter de despedida alcanzó un pico tan intenso precisamente porque una parte sustancial de la base social del gobierno se movilizó contra ella.

Por otro lado, la tendencia de la población a protestar hace de la protesta un factor relevante a tener en cuenta para implementar políticas públicas. La protesta como una probabilidad afecta significativamente las decisiones del gobierno en varias áreas.

En resumen, el testimonio de la relevancia política del lado negativo de la protesta no implica ignorar su impacto en la determinación de políticas o la incorporación de nuevas demandas en la agenda pública, y su papel en otras áreas como la cultura y los sindicatos. Hemos intentado argumentar la fuerte relevancia de uno de sus impactos.

En nuestra opinión, la protesta ha resultado más en el despido que en la instalación de los gobiernos, en resistir las políticas que aseguran su implementación efectiva. Pero haciendo a un lado la jerarquía de los impactos, la protesta es, sin duda, una de las formas que ha tomado la discusión sobre el destino de la nación.

Más allá de la determinación del gobierno actual, es una lucha que permanece abierta y tiene a las calles como su escenario privilegiado para expresarse.

JULIÁN REBÓN